Nota principal
Modelo Fantasma
Argentina tiene alrededor de 7 millones de personas con alguna discapacidad. Sin embargo, sólo hay registradas 1 millón y medio. Este número está basado en el último Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, que se llevó a cabo en 2018; y se desconocen los resultados del estudio realizado en 2023. El censo llevado a cabo en 2022 tampoco pudo medir precisamente cuántas personas con discapacidad hay en Argentina, ya que las preguntas consistían en generalidades acerca de movilidad y vista. El subregistro y la falta de información actualizada no permiten formular soluciones reales a los problemas a los que se enfrentan esas personas.
"Creo que vivimos en un modelo fantasma. Podemos creer que hay fantasmas, pero no los vemos. Sabemos que hay un montón de personas con discapacidad; pero si no las vemos, mejor." Gustavo Fulco.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento oficial para acceder a los derechos por discapacidad. Entre ellos, están:
La cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Gratuidad del transporte público de pasajeros.
Un empleo en la administración pública Nacional.
Solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez.
Participar en la vida política y en la vida pública.
Al comenzar la investigación, la hipótesis fue que la falta de certificados emitidos se debía a un recorte de presupuesto en el sistema de salud. Al avanzar la investigación, sin embargo, surgieron problemas más complejos.
La gran mayoría de personas con alguna discapacidad deciden no tramitar el CUD, lo cual causa el subregistro de personas con discapacidad. Ese subregistro no permite planear soluciones a futuro. Así, el problema se vuelve un círculo vicioso. Para romper este círculo se debe responder a los problemas más urgentes para las personas con discapacidad.
Uno de los problemas más graves es que las obras sociales no siempre cubren eficientemente todas las necesidades de las personas con discapacidad. En muchos casos, los pacientes no tienen cobertura para sus insumos, e incluso si logran el reintegro de sus gastos, en ocasiones pueden tardar meses en conseguirlo. En un país con una inflación tan alta (138% interanual al momento de hacer esta investigación), el paciente siempre termina pagando la diferencia.
Los precios de los insumos son muy elevados cuando se trata de discapacidades:
Los audífonos, insumos particularmente delicados, pueden llegar a costar 100 mil pesos, dependiendo de las especificaciones.
- Una silla de ruedas postural y con motor puede llegar a costar arriba de un millón de pesos, o 1500 dólares.
- Incluso con el certificado, la obra social puede aprobar el reintegro de los insumos, pero en ocasiones sólo se trata de las versiones económicas de los mismos, pero no el que el paciente necesita.
Por otro lado, a los médicos se les hace difícil trabajar con obras sociales, ya que, en ocasiones, el pago a los profesionales puede retrasarse meses.
Si bien está previsto que todos estos incumplimientos sean investigados y sancionados por la Superintendencia de Servicios de Salud, la gestión de las irregularidades implica una enorme dedicación de tiempo y trabajo para los perjudicados.
Otro de los factores más importantes, y al mismo tiempo, el más difícil de calcular, es la complejidad del proceso. La lista de obstáculos burocráticos por los que deben pasar las personas con discapacidad para acceder a sus derechos es interminable.
Para empezar, la falta de especialistas. Se estima que en CABA hay 16 médicos por cada mil habitantes, mientras que en Misiones la tasa es de 1,8. En lugares con una tasa de médicos tan baja, los turnos pueden tardar varios meses. Mientras tanto, una persona con discapacidad puede perder la vigencia de los certificados necesarios para presentar ante su obra social. Recién este año se declaró que el CUD no tenga fecha de vencimiento. Además, los médicos pueden estar a horas de viaje del lugar donde vive la persona con discapacidad, y su traslado implica un gasto de dinero y tiempo que muy pocos tienen.
Por otro lado, la poca claridad del proceso y de las autoridades responsables no les permite a las personas con discapacidad saber cuáles son los pasos a seguir. En teoría, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es quien debe ayudar a las personas con discapacidad en todo el proceso. Sin embargo, la comunicación es difícil, y eso genera confusión.
En cuanto al empleo, según la ley 22.431, el Estado debe asegurar a las personas su derecho a trabajar. Por esa obligación, el Estado debe tener empleadas al menos a un 4% de personas con discapacidad.
Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los organismos y las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos están obligados a cumplir con este cupo en todas las modalidades: planta efectiva, contratos y servicios tercerizados. Además, el Estado debe dar las ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación necesarios.
Sin embargo, no hay cifras oficiales que aseguren que esta ley se cumpla. Desde PDI se hizo un pedido de acceso a la información pública para examinar esta situación. La respuesta mostró registros hasta el primer semestre del 2022. Los resultados muestran que del total de todos los organismos encuestados, el porcentaje de personas con discapacidad que trabajan en ellos apenas supera el 1%.
En conclusión, el motivo por el que las personas con discapacidad no tramitan el Certificado Único es que este no logra simplificar su vida, y en muchos casos, solo la complica. Ni siquiera garantiza el cumplimiento de los derechos que la ley establece. Incluso con el certificado, las discusiones con las obras sociales y el propio Estado implican una pérdida de tiempo y recursos que a veces les conviene invertir en trabajar pese a su discapacidad.
La falta de información, por su parte, hace que sea imposible proyectar una respuesta clara a las fallas de los problemas de fondo de la situación.